Las entidades de gestión reclaman un ultra-canon de 2.000 millones de euros al considerar que tanto los dispositivos como los soportes digitales se emplearán en vulnerar derechos de autor. Los estudios sobre los usos reales de los equipos digitales que maneja AETIC estiman que el perjuicio real causado por la copia privada sería de 11 millones de euros, dado que un análisis sobre los hábitos de uso demuestra que en la mayoría de los casos el porcentaje de las capacidades del equipo que se emplea para copiar es, en realidad, mínimo.
Con la llegada del ultra-canon los consumidores pagarían hasta un 80% más por algunos de los equipos más habituales en los hogares españoles, como los reproductores de MP3 o los sintonizadores de TDT con disco duro. Por ejemplo, el precio medio de un sintonizador de TDT con disco duro integrado se incrementaría un 78%; el de un grabador de disco duro un 80%; un dispositivo MP4 un 68%, un disco duro externo/multimedia un 55%; un reproductor MP3 más de un 70%; un ordenador portátil un 25%, y una memoria USB de 1GB casi un 10%.
De manera paralela este canon, de ponerse en marcha, provocará cambios en la economía española: ralentización de la adopción de tecnologías clave, cierre de empresas, crecimientos en el IPC, desviaciones de las compras a países donde no hay canon así como un caldo de cultivo que generará fraudes fiscales. En esta línea, el canon motivo de discordia es una excepción local, un impuesto que sólo se aplica en una pequeñísima minoría de los 198 países del mundo. De hecho, el 95 % de la población mundial no está sometida a ningún tipo de canon parecido y más de la mitad de los países del mundo carece de legislación al respecto.
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